
Educación
URACCAN
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para ser acogedora e inclusiva para el progreso del aprendizaje del estudiantado” (Connell et al., 1997, como
se citó en Guillén Romero y Flores López, 2023, p. 148).
En la actualidad, diversos países de América Latina atienden a estudiantes con necesidades educativas
especiales considerando sus propios ritmos de aprendizaje, lo cual contribuye a reducir la discriminación,
en consonancia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
rmada por 162 países (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016, como se citó en Villegas
Álvarez et al., 2025, p. 2).
En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2023, como
se citó en Villegas Álvarez et al., 2025) también ha propuesto políticas sostenibles orientadas a garantizar
la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades para grupos históricamente excluidos. Sin embargo,
como advierte Gutiérrez (2023), estas políticas no siempre se traducen en acciones pedagógicas concretas
en el aula. Aun cuando los marcos normativos buscan garantizar derechos, en muchos contextos persiste
la desconexión entre lo normativo y lo práctico.
En este contexto, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (2024) a través de la Estrategia
Nacional de Educación en todas sus modalidades “Bendiciones y Victorias” (2024-2026), en Nicaragua
se propone un enfoque de educación especial inclusiva, diseñado para asegurar el desarrollo completo e
integral de las personas con discapacidad u otras condiciones. Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar
sus habilidades, promoviendo una vida de mejor calidad y en condiciones de equidad, al mismo tiempo
que apoya el fortalecimiento de las instituciones en el ámbito educativo; tal como lo reere el eje número
9: “Educación Especial Incluyente: “promover el desarrollo pleno e integral de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos con discapacidad u otra condición, desarrollando su potencial para una mejor calidad de
vida en igualdad de oportunidades” (p. 28).
Desde la visión del Gobierno de Nicaragua a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) (2022-
2026) se proponen iniciativas clave para promover una educación inclusiva que incluyen el fortalecimiento
de la calidad educativa mediante un currículo relevante y adaptable, la formación continua de los docentes,
y el desarrollo de la equidad como un pilar fundamental para garantizar el derecho a la educación.
De igual manera, el Ministerio de Educación, a través de la Normativa para la atención del estudiantado
con necesidades educativas en el marco de la diversidad nicaragüense (2012) establece como “un pilar
fundamental, garantizando que los estudiantes con necesidades educativas especiales se integren en el
sistema educativo general con el apoyo necesario” (párr. 26). Esto promueve el respeto por la diversidad, la
equidad y el desarrollo del potencial humano. Se fundamenta en el modelo social de la discapacidad, que se
centra en eliminar las barreras en el entorno, como el currículo, la formación docente y las instalaciones,
para facilitar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Las escuelas de educación especial se
reservan para aquellos casos de discapacidad severa que no puedan beneciarse del sistema general.
De igual manera, la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad-NTON 12006-04 (2004),
establece los requisitos necesarios para asegurar que las personas con discapacidad o movilidad reducida
puedan acceder y utilizar de manera autónoma los espacios físicos, edicios y servicios tanto públicos
como privados en Nicaragua. Esto abarca la denición de conceptos clave, la eliminación de barreras
arquitectónicas, la implementación de un diseño universal y la especicación de normas para rampas,
señalización y accesos en edicaciones y espacios urbanos.
Del mismo modo, la Ley 287 o Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), instituye el derecho a la
educación para la niñez, adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo por diversas razones. Además,
subraya la responsabilidad del Estado de garantizar modalidades educativas accesibles para todos, así como
de implementa medidas que aseguren el acceso y la permanencia en el sistema, siempre respetando los
valores culturales, religiosos e históricos que son parte del contexto social, también promueve el respeto
al derecho de las comunidades indígenas y grupos étnicos a recibir una educación en su propia lengua.